UNA Comunica – Víctimas de femicidio pierden 922 años de vida potenciales en un solo año

Una niña de apenas cuatro años fue la víctima más joven, en el 2020, de un femicidio. A ella le arrebataron la posibilidad de cumplir su sueño de vida. En el otro extremo, una mujer de 85 años fue la persona de mayor edad que perdió la vida a causa de este delito cargado de misoginia y abuso de poder.

Solo en ese año fallecieron 28 mujeres por femicidio. Considerando sus edades y expectativas de vida, acumularon 922 años de vida potencialmente perdidos (AVPP), de acuerdo con un análisis incluido en el Informe Local de Análisis del Femicidio (ILAFEM).

La presentación de estos y otros resultados se llevaron a cabo en una actividad organizada por el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) este mes, a propósito de la conmemoración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La estrategia ILAFEM se adentró en las vidas de esas 28 víctimas. Su pasado, su entorno, las situaciones que rodearon sus muertes. De ahí que la presentación se tituló Autopsias psicosociales de femicidios.

“Cuando nos referimos a una autopsia social tenemos la posibilidad de trascender el femicidio como una estadística para conocer a la mujer, su historia, sus determinantes y lo que vivió. Nos permite ese acercamiento para tratar de entender qué fue lo que posibilitó que el hecho se concretara. Nos acercamos al cuerpo de esa mujer de una manera simbólica a través de las personas que estaban cerca de ella”, explicó Ana Hidalgo, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Costa Rica, y expositora del estudio.

Conocer las historias detrás de cada caso permite, además, identificar qué medidas de prevención se pudieron aplicar y brindar información a la comunidad. También genera información cualitativa que de otra manera no se podría obtener y que puede ser de utilidad para la misma institucionalidad que vela por la seguridad y el respeto a los derechos de las mujeres.

De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, hasta el 13 de noviembre se habían registrado 70 muertes violentas de mujeres, de las cuales 21 habían sido calificadas como femicidios. 

Radiografía de dolor

Para realizar las 28 autopsias psicosociales, las personas investigadoras realizaron 216 entrevistas, de las cuales 32% correspondieron a familiares y redes cercanas, un 64,3% a representantes de diversas instituciones y un 3,7% a personas informantes espontáneas (viven en la comunidad donde ocurrió el crimen).

Entre las víctimas, figuraban 24 costarricenses y cuatro nicaragüenses. Más de una cuarta parte (28%) se dedica a trabajo doméstico, seguido por mujeres en condición de asalariadas (18%) o con un empleo informal (18%).

La principal relación que tenía la víctima con la persona victimaria era en calidad de conviviente, en un total de ocho casos. En segundo lugar, aparece el cónyuge (5) y un conocido/amigo/vecino (4).

La asfixia por estrangulamiento fue la principal causa de muerte. Así ocurrió en siete de los 28 casos, mientras que los golpes y lesiones múltiples, así como las heridas ocasionadas con arma blanca registraron 6 casos cada uno.

La premeditación estuvo presente en casi la mitad de los femicidios registrados en el 2020 (12 casos). En cuatro situaciones hubo participación de más de una persona en la ejecución del delito, misma cantidad que se registró para crímenes ejecutados en frente de hijos e hijas.

“La mujer no escapa de la violencia sin importar su condición”, manifestaba Hidalgo al momento de presentar estos datos. Reafirmaba, de esta manera, el hecho de que la violencia de género se puede perpetrar a cualquier edad, entorno o situación. 

En 15 de los 28 femicidios se identificaron actos de tortura. Una de las víctimas fue amarrada de pies y manos y lanzada en un río con un salveque lleno de piedras, mientras que otra fue golpeada en todo su cuerpo, lo que le provocó fracturas y laceraciones. Una más sufrió 24 heridas de machete propinadas por su femicida.

Para Hidalgo, estas son manifestaciones de la premeditación, el odio y el ensañamiento. Lamentó que muchas veces al homicida se le castigue solo por el femicidio, sin considerar otros delitos como el abuso o las violaciones que también padeció la víctima.

Entornos

En más de una tercera parte de los casos (35,7%) las víctimas experimentaron alguna forma de violencia sexual en el curso de su vida. Al adentrarse en sus historias, la investigación determinó que 11 mujeres fueron testigo de violencia intrafamiliar en sus casas, siete de ellas la vivieron desde sus etapas de infancia y seis estuvieron en una relación impropia durante su adolescencia.

Para más de la mitad (57%) de las mujeres su situación socioeconómica era de pobreza y siete de ellas no recibía ningún tipo de asistencia social. Solo nueve sí recibieron algún apoyo entre una beca estudiantil, atención en el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), en el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), el Ministerio de Trabajo o en un Cen-Cinái. 

Las autopsias psicosociales también abarcaron el impacto que tiene sobre las familias que en su núcleo se haya cometido un femicidio. “La baña después de que le pega cuando está desmayada. No recuerdo si la baña con ropa o sin ropa. Sí vi cuando le pone la faja… mi papá le puso una faja a mi mamá en el cuello… (No) recuerdo si la amarra del techo antes o después del baño” describió uno de los hijos de una víctima, según se consignó en la presentación.

En cuanto a la actuación de las instituciones y aunque no fuese el foco principal del estudio, se calificó como una “respuesta errática”, y la participación de estas entidades pasó incluso de la “debida diligencia a la negligencia”, como lo menciona el Ministerio de Seguridad Pública, el Poder Judicial, el sistema 9-1-1, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Pani y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La violencia alrededor de estos casos y sus características hacen que la directora del IEM, Fannella Giusti, se refiera a este tema como un “problema de salud pública”, donde se evidencia que “los casos van en aumento y también se incrementa el odio y la misoginia. Desde el Instituto estamos comprometidas a contribuir con la prevención de este flagelo social y para nosotras es una misión aportar hacia estas transformaciones sociales”, manifestó. 

Este tema fue abordado en el programa de televisión UNA Mirada el pasado 31 de octubre. Puede ver el programa completo ingresando aquí: https://www.youtube.com/watch?v=qkcnWE62h8E

Source
Guillermo Solano Gutiérrez

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